Repensar la inmigración: Una alternativa a la deportación masiva

Monday, March 3, 2025

*Bishop Nicholas DiMarzio

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La deportación suele considerarse el último recurso para hacer cumplir las leyes de inmigración. No se considera un castigo, sino el ejercicio del derecho soberano de un gobierno a excluir de su nación a quienes dicten sus leyes. Más comunes son las expulsiones, que se producen en los puertos de entrada, como las entradas terrestres o los aeropuertos. La deportación es la expulsión de extranjeros delincuentes o, en ocasiones, de aquellos que han sobrepasado el tiempo de su visado o están presentes en el país sin permiso. Normalmente, la salida voluntaria se presenta como la primera opción.

Sin embargo, hay que hacer algunas distinciones con respecto a los extranjeros delincuentes que han cometido delitos graves, como tráfico de drogas, robo o delitos violentos, incluidos los delitos sexuales.

Los delitos menores no se consideran normalmente motivo de deportación porque las leyes de inmigración son delitos civiles y se tratan de forma diferente. Sin embargo, las personas indocumentadas o incluso las que tienen estatus legal pueden ser deportadas por algunos delitos menores.

La nueva administración presidencial ha prometido llevar a cabo la deportación masiva de los 11-12 millones de indocumentados que se calcula que hay en nuestro país. La deportación de extranjeros delincuentes que han cometido y han sido condenados por delitos graves y son una amenaza para las comunidades es un cumplimiento lógico de la ley de inmigración. Sin embargo, la cuestión de la deportación casi indiscriminada, que puede incluir a familias con estatus legal mixto -con algunos nacidos en Estados Unidos o residentes permanentes- es otra muy distinta.

En los años ochenta, nuestro país se enfrentaba a una situación similar a la actual, con unos tres a cinco millones de indocumentados. Sin embargo, se encontró una solución al conceder la residencia permanente a quienes cumplían ciertas condiciones de residencia y buen comportamiento. Si este programa hubiera sido más inclusivo, no habría dejado un remanente de personas indocumentadas que contribuyeron a nuestra situación actual.

Además, nunca se aplicaron plenamente las sanciones a los empleadores por contratar a personas indocumentadas. La situación de los indocumentados no es buena para las personas ni para nuestro país. En su día se encontró una solución que podría aplicarse de nuevo con una mejor comprensión del valor económico de los inmigrantes, así como de las implicaciones morales y sociales de expulsar a ciudadanos potenciales.

A veces, el análisis comparativo aclara los problemas conceptuales. Si utilizara las palabras amnistía o incluso legalización, que se emplearon en la legalización de 1986, pocos me escucharían. Sin embargo, un ejemplo de Italia, que se ocupa de muchos indocumentados dados los miles de kilómetros de costa marítima abierta que tiene ese país, es su emisión periódica de un “sanatorio” - la curación de la presencia de indocumentados. De este modo se reconoce su contribución al país. En Estados Unidos en el pasado se ha utilizado un enfoque similar. La disposición del registro en la ley de inmigración de Estados Unidos nunca ha promovido “un planteamiento sin salida”.

Más bien se basa en la equidad social y el sentido común. Si las personas trabajan, son autosuficientes, pagan impuestos o incluso cotizan a la Seguridad Social, se les debe dar la oportunidad de permanecer en el país. Esta disposición de la ley se introdujo en 1929, y la fecha de registro más reciente es de 1972. Si se adelantara la fecha al 2010, se calcula que 6,8 millones de personas podrían legalizarse. Esto sería más beneficioso para nuestro país y menos costoso.

En el pasado, cuando se imponían restricciones a la inmigración, normalmente procedían de la filosofía del aislacionismo. Tras la Primera Guerra Mundial, muchos estadounidenses creían que no era necesario involucrarse con el resto del mundo, y se aprobó una Ley de Inmigración de 1924 (también conocida como Ley Johnson-Reed) muy restrictiva y racista. En el mundo globalizado de hoy, sin embargo, es casi imposible sobrevivir en un modo aislacionista en lo que respecta al comercio y la migración. El mundo se ha vuelto interdependiente. Las barreras físicas hacen poco para detener la migración, dado que todas las fuerzas sociales y económicas la fomentan.

Antes de recurrir a programas de deportación masiva, que no sólo son costosos, sino que también perturban la sociedad y, especialmente, la unidad familiar, quizá debería intentarse un programa para curar la herida de la migración indocumentada en nuestro país. Habiendo participado personalmente en la defensa de la ley de legalización de 1986 durante mi mandato como director ejecutivo del Comité de Migración de los Obispos de Estados Unidos, sé que la acción bipartidista es muy necesaria.

En los años setenta también fui testigo de las redadas en los centros de trabajo, que provocaron daños físicos tanto a extranjeros como a trabajadores inmigrantes. En su intento por escapar de los lugares de trabajo, muchos resultaron heridos al saltar por las ventanas. Además, los agentes del orden se vieron en situaciones insostenibles y peligrosas en los lugares de trabajo al intentar perseguir y detener a los trabajadores.

Ciertamente, Estados Unidos es capaz de adoptar un enfoque más reflexivo y civilizado para tratar la migración que las deportaciones masivas de inmigrantes y sus familias, que contribuyen a nuestro bienestar nacional.

Los católicos y otras personas de buena voluntad deberían oponerse a este plan y promover la legalización y la integración de los inmigrantes que siguen contribuyendo a nuestra nación.