By Archbishop Thomas Wenski - The Archdiocese of Miami

El gobernador Ron DeSantis, todavía en su primer año de mandato, firmó su segunda sentencia de muerte. A menos que se aplace en el último momento, el estado de La Florida ejecutará al asesino convicto Gary Ray Bowles el 22 de agosto. Además, a fines de julio, el Secretario de Justicia de los Estados Unidos, William Barr, anunció que la pena de muerte, después de un paréntesis de casi dos décadas, sería restablecida por el gobierno federal, y luego programó la ejecución de cinco personas en los próximos meses.

En las últimas décadas, la pena capital ha sido abandonada o prohibida en la mayoría de los Estados modernos: las excepciones son países como Cuba, China, Corea del Norte, Irán —y los Estados Unidos de América.

Gary Ray Bowles y los que esperan las ejecuciones del gobierno federal han permanecido encarcelados durante años: sus crímenes se cometieron hace décadas. Si el Estado ha podido proteger a la sociedad de estos reconocidos malhechores, manteniéndolos encerrados hasta hoy, ¿por qué es necesario ejecutarlos ahora? Realmente, ¿es coherente que la sociedad exprese su rechazo del asesinato matando al asesino?

Se ha argumentado que la aplicación de la pena de muerte representa la legítima defensa de la sociedad contra un agresor injusto, es decir, el asesino. E, históricamente, la Iglesia ha admitido que el Estado puede aplicar correctamente la pena capital cuando sea absolutamente necesario; es decir, cuando sea imposible defender a la sociedad de otra manera. No hay, en la enseñanza de la Iglesia, una equivalencia moral entre la ejecución del culpable después del debido proceso legal, y la destrucción voluntaria de la vida inocente que ocurre con el aborto o la eutanasia. Sin embargo, San Juan Pablo II señaló en Evangelium Vitae (no. 56) que, dada la organización del sistema penal actual y la opción de imponer cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, tal “necesidad absoluta” es “prácticamente inexistente”.

Además, es difícil defender la “necesidad” de ejecutar a alguien cuando a menudo su cómplice, a cambio de información o testimonio, recibe, gracias a una declaración negociada, una sentencia menor. Y aunque algunos seres queridos de las víctimas piden un “cierre”, es difícil de comprender cómo la pena capital, aplicada como “retribución social” o “venganza institucional”, puede cumplir realmente el propósito del castigo como corrección del trastorno causado por el delito. La pena de muerte no puede devolver la vida a las víctimas.

Incluso desde un punto de vista puramente pragmático o utilitario, la pena de muerte no puede defenderse ni siquiera como un elemento disuasorio efectivo contra el delito. Texas ha ejecutado a más criminales que cualquier otro estado; sin embargo, sigue teniendo una de las tasas de asesinatos más altas de la nación. Y la pena de muerte no es rentable. Al Estado le cuesta menos encarcelar a alguien por el resto de su vida natural, que ejecutarlo. Dado el hecho de que la pena de muerte es irreversible, la sociedad ha previsto con razón que se aplique sólo después de largas y costosas apelaciones legales. Y, a pesar de esto, hay más de 400 casos documentados de personas condenadas injustamente que fueron ejecutadas en los Estados Unidos durante el siglo pasado.

El asesinato deliberado es un crimen atroz, y clama a Dios por justicia. Sin embargo, Dios no exigió la vida de Caín por haber derramado la sangre de Abel. Aunque Dios, ciertamente, castigó al primer asesino de la historia, le impuso una marca para protegerlo de quienes deseaban matar a Caín para vengar el asesinato de Abel (cf. Gn 4:15). Al igual que Caín, el preso condenado al corredor de la muerte, a pesar de toda la maldad de sus crímenes, sigue siendo una persona. La dignidad humana, tanto la de los condenados como la nuestra, se sirve mejor al no recurrir a este castigo extremo e innecesario. La sociedad moderna tiene los medios para protegerse sin la pena de muerte.

La conmutación de esta pena por la de cadena perpetua, serviría al bien común de todos al ayudar a romper la espiral de violencia en nuestra sociedad, ya que la mentalidad de “ojo por ojo” terminará por dejarnos a todos ciegos.

A principios de este año, el Papa Francisco reiteró las enseñanzas de San Juan Pablo II, en el sentido de que “la dignidad de la persona humana no se pierde ni siquiera después de la comisión de crímenes muy graves”. El Papa Francisco puso en el Catecismo de la Iglesia Católica una reafirmación de que “la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que ‘la pena de muerte es inadmisible, porque es un ataque contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona’”.