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Una mujer sale de la Universidad Centroamericana en Managua, Nicaragua, el 16 de agosto de 2023. La universidad suspendió sus actividades el 16 de agosto después de que las autoridades nicaragüenses la tildaran de "centro de terrorismo" el día anterior y congelaran sus bienes para confiscarlos. (Foto OSV News/Reuters)
Por David Agren
(OSV News) | La Universidad Centroamericana de Managua, dirigida por los jesuitas, suspendió sus operaciones el 16 de agosto, un día después de que las autoridades nicaragüenses la tildaran de "centro de terrorismo" y ordenara la incautación de todos sus bienes, acciones que marcan una escalada en la represión del régimen contra la Iglesia Católica y sus proyectos caritativos y educativos.
La provincia jesuita en Centroamérica rechazó inmediatamente las acusaciones de terrorismo como "falsas e infundadas", diciendo en un comunicado del 16 de agosto: "La confiscación de facto a la UCA es el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense, en consonancia con su lema, 'La verdad os hará libres' (Juan 8,32)".
La agresión contra la escuela, conocida localmente como UCA, "forma parte de una serie de ataques injustificados en contra de la población nicaragüense y de otras instituciones educativas y sociales de la sociedad civil que están generando un clima de violencia e inseguridad y agudizando la crisis sociopolítica del país", continuó el comunicado.
La UCA confirmó en un comunicado a la comunidad universitaria que el Juzgado del Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua — que acusó a la escuela de organizar "grupos delincuenciales" — había ordenado la confiscación de sus bienes y su entrega al Estado de Nicaragua, "que garantizará la continuidad de todos los programas educativos".
El obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, actualmente exiliado en Miami, calificó de "injusta", "ilegal" e "indignante" la "confiscación" de la UCA por la dictadura sandinista.
"Demuestran así su desprecio por la libertad intelectual, la educación de calidad y el pensamiento crítico. Cada día se hunden más en su irracionalidad, su maldad y su miedo", escribió en X, antes conocido como Twitter.
El Consejo Nacional de Universidades emitió un comunicado el 16 de agosto en el que afirmaba que "trabaja para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes de grado y postgrado de la extinta UCA". El consejo dijo a los estudiantes que esperaran detalles sobre la reanudación de las clases.
"La confiscación de la Universidad Centroamericana, un símbolo de excelencia académica y esperanza para el futuro de Nicaragua, representa una mayor erosión de las normas democráticas y el cierre del espacio cívico por parte de Ortega-Murillo. Seguiremos defendiendo los derechos fundamentales de los nicaragüenses", declaró en X el subsecretario estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols.
El 9 de agosto se congelaron las cuentas bancarias de la universidad jesuita del país, una medida que ahora parece demostrar que sólo anticipaba el cierre total de sus instalaciones.
El cierre de la universidad se produjo mientras el régimen del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, continúa aplastando la disidencia y cerrando espacios de la sociedad civil en el país centroamericano.
En los últimos cinco años, Ortega ha seguido atacando a instituciones y personalidades que se han manifestado o han ayudado a los manifestantes, en particular al obispo encarcelado Rolando Álvarez, mientras que 222 presos políticos fueron expulsados de Nicaragua en febrero y privados de su ciudadanía.
A dos sacerdotes nicaragüenses, los padres Tomás Zamora Calderón y William Mora, se les negó la entrada en el país tras regresar de la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal, según la abogada e investigadora Martha Patricia Molina.
Los observadores acusaron al régimen de venganza en su ataque a la UCA, donde los estudiantes protestaron por la destrucción de un área ecológica conocida como Indio Maíz en 2018 y luego se unieron a protestas contra diferentes medidas del gobierno, pidiendo la destitución de Ortega.
Al menos 355 manifestantes murieron en las manifestaciones de 2018, en las que la policía adoptó una política de disparar a matar, según grupos de derechos humanos. En julio de 2022, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas pidió a Nicaragua que investigara las denuncias de tortura y malos tratos a opositores al gobierno por parte de funcionarios del Estado en ausencia de una delegación nicaragüense.
Las autoridades de la escuela abrieron el campus a los manifestantes que huían de la policía y los paramilitares, mientras el entonces rector, el padre José Alberto (Chepe) Idiáquez, participaba en un diálogo nacional convocado por la conferencia episcopal nicaragüense, lo que produjo momentos incómodos para Ortega, que se enfrentó a los estudiantes.
La Conferencia Episcopal abandonó el diálogo, alegando mala fe por parte del gobierno. Posteriormente, al padre Idiáquez se le denegó la entrada en Nicaragua tras viajar a México para recibir tratamiento médico. Al vicerrector de la UCA, Jorge Huete, también se le negó la entrada en Nicaragua tras viajar al extranjero.
La noticia del cierre provocó muestras de dolor e indignación. El periódico independiente Diario La Prensa informó de que los estudiantes se aglomeraban en el campus con sus padres, intentando obtener expedientes permanentes. El personal, por su parte, abandonaba el campus cargado de cajas con sus pertenencias.
En las redes sociales se difundió una impactante imagen de la comunidad universitaria retirando una estatua de Cristo crucificado de la capilla de la UCA.
La imagen "es símbolo de nuestro pueblo que sufre injusticias, humillaciones de una dictadura opresora; símbolo de un pueblo aguardando su resurrección", dijo en X el exiliado padre Edwin Román.
Fundada en 1960, la UCA se convirtió en una de las principales universidades de Nicaragua, con más de 9.000 estudiantes en el momento de su cierre. Irónicamente, Ortega asistió a la escuela junto con tres de sus hijos.
"Dios es quien tiene la última palabra sobre la historia", concluye la declaración de los jesuitas, "y la tendrá también sobre Nicaragua".
