By Archbishop Thomas Wenski - The Archdiocese of Miami
La nueva administración Trump ha estado muy ocupada y, como era de esperar, ha generado mucha discusión y, sin duda, controversia.
Dado que la inmigración fue un tema importante de la campaña, gran parte de la atención durante estos primeros días de la administración Trump se ha centrado en los esfuerzos para detener y deportar a los extranjeros criminales que están en el país ilegalmente, o que han perdido su estatus legal. (Un residente legal de los Estados Unidos culpable de un delito grave puede perder su “tarjeta verde” y también estar sujeto a deportación).
La mayoría de los estadounidenses quiere una solución al caos percibido en nuestras fronteras. Los Obispos Estadounidenses, que siguen la Enseñanza Social Católica, reconocen que la soberanía nacional otorga a las naciones el derecho de controlar sus fronteras. Nunca hemos abogado por “fronteras abiertas”, ni por que se admita indiscriminadamente a personas peligrosas, ni por que los malhechores de cualquier tipo tengan libertad para vagar por nuestras calles y poner en peligro a nuestros ciudadanos. Si bien el flujo y reflujo de migrantes y solicitantes de asilo ha sido una constante durante décadas, la aparente ineptitud de la administración Biden parece haber precipitado un aumento sin precedentes en la migración irregular. El hecho es que las deportaciones han estado sucediendo durante años: los presidentes Bush, Obama y Trump (en su primer mandato), e incluso Biden, han deportado colectivamente a millones durante las últimas dos décadas.
Los Obispos Estadounidenses, entre muchos otros, han reconocido que nuestro actual régimen de inmigración está roto. Dudo que el presidente Trump esté en desacuerdo. Sin embargo, los obispos creen que un enfoque “basado únicamente en deportaciones” no funcionará y, por lo tanto, han abogado durante mucho tiempo por una reforma migratoria integral, que aborde la necesidad de una fuerza laboral legal, ayude a la reunificación familiar y proporcione un camino hacia la ciudadanía para quienes han residido y trabajado aquí, en los Estados Unidos, a veces durante décadas. En otras palabras, los “muros” fronterizos también deberían tener “puertas” que permitan el flujo de inmigrantes legales. Las mismas enseñanzas católicas que reconocen que las naciones tienen derecho a controlar sus fronteras, también instan a las naciones más ricas a ser generosas al admitir a quienes huyen de la persecución o buscan condiciones dignas de la vida humana. Estados Unidos ha demostrado tal generosidad en el pasado y ciertamente es capaz de seguir haciéndolo.
Es importante señalar que los inmigrantes que han cometido delitos son una minoría. La mayoría de los inmigrantes, legales o no, han venido aquí en busca de un futuro que se les niega en sus países de origen debido a la pobreza, la violencia o la opresión política.
Como pastores, nos preocupa que una retórica que demonizaría a todos los inmigrantes tenga un efecto perjudicial en el cuerpo político. La aplicación de las leyes de inmigración debe llevarse a cabo de manera específica, proporcional y humana. Llevar a cabo redadas de inmigración en entornos sensibles donde las personas reciben servicios esenciales (escuelas, lugares de culto, agencias de servicios sociales, centros de atención médica) es contrario al bien común. Las amenazas de hacerlo han dejado a las comunidades donde viven y trabajan muchos inmigrantes, llenas de miedo y ansiedad. Señalarles esto a nuestros líderes políticos es un deber cívico y tiene como objetivo abrir puertas al diálogo. Como obispos, participamos en la plaza pública no como políticos, sino como pastores, y como pastores, informados por el Evangelio, tenemos algo que decir sobre la dignidad humana, el florecimiento humano y el bien común.
De hecho, los obispos no han escatimado elogios a muchas de las primeras iniciativas del presidente Trump, que son consonantes con nuestras enseñanzas sociales católicas. Apoyamos su oposición a la ideología de género, así como su defensa de los derechos de los padres y de la elección de los padres en la educación de sus hijos.
Hemos aplaudido la decisión de la administración Trump de poner fin a los abortos financiados por los contribuyentes. Asimismo, nos alentó que restableciera (¡y expandiera!) la “Política de la Ciudad de México”, que impide que el dinero estadounidense apoye a organizaciones que realizan o promueven abortos en el extranjero. También estamos agradecidos por el fortalecimiento de las políticas que protegen a los católicos y otras personas de fe, de ser obligados a participar en actividades que violarían nuestra libertad religiosa y la libertad de conciencia. Además, los estadounidenses que están a favor de la vida tienen derecho a rezar en público, a aconsejar a las mujeres que están considerando la posibilidad de abortar, y a protestar pacíficamente. Por eso, celebramos los indultos de varios activistas provida que fueron encarcelados injustamente durante la última administración por dar testimonio de una cultura de la vida.
Las asociaciones y agencias católicas son parte de la sociedad civil que hace que nuestra democracia sea tan vibrante. Tenemos una larga historia de asociación con organismos gubernamentales a nivel federal, estatal y local en una variedad de esfuerzos: en educación, atención médica, bienestar social, etc.
Algunos han sugerido que la defensa de los obispos sobre la inmigración no goza de un amplio apoyo entre sectores de la base de votantes del presidente Trump y que, por lo tanto, pueden ser un blanco conveniente y fácil de explotar para fines partidistas. Esto podría explicar las duras e intemperantes palabras que el vicepresidente Vance pronunció el domingo en un programa de noticias sobre la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Esto sería desafortunado y erróneo.
